Un artículo de Roberto Sánchez* publicado hace siete meses en Clave Digital. Para ver el texto en su sitio original: http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=13219&Id_ClassArticulista=71
Roberto Sánchez*
lunes, 15 de diciembre de 2008, 08:41 p.m.
Los órganos de Seguridad del Estado deben dar una explicación
Uno de los agresores del periodista Vianco Martínez anunció en plena audiencia celebrada el pasado 9 de diciembre que había hecho caso omiso a cuatro citaciones de la Fiscalía por su trabajo en la Seguridad del Estado.
Es decir, el personaje entiende que trabajar con la Seguridad del Estado le da el privilegio de no hacer caso a la ley y desdeñar la justicia.
El Sr. Rafael Emilio Vargas fue el espaldero de la infeliz ocurrencia que pone en entredicho a esos órganos de seguridad del Estado.
El pasado 23 de agosto los señores Rafael Emilio Vargas y Josué Vargas, actuando al servicio del empresario artístico Saymon Díaz, atropellaron en pleno Teatro Nacional y sacaron violentamente del centro de espectáculos al mencionado comunicador, mientras éste esperaba por una entrevista que le había prometido el cantautor Pedro Guerra.
Los espalderos no escucharon explicaciones, ni siquiera intentaron indagar con el artista. En un derroche de prepotencia la emprendieron contra el comunicador que realizaba su trabajo.
La prepotencia exhibida esa noche no fue un hecho aislado ya que ha vuelto a reiterarse en varias ocasiones en abierto desafío al ministerio público y a la ley.
Tres ayudantes fiscales han actuado en el caso en seguimiento a la querella interpuesta por el periodista contra los agresores, sin lograr que comparezcan a audiencia.
Cinco citaciones a audiencias y a todas habían hecho caso omiso, excepto a la última en la cual el magistrado fiscal, Carlos Manuel Hernández, de la Unidad de Decisión Temprana, al parecer hizo sentir su autoridad.
Aún en esa última el Sr. Rafael Vargas llegó con dos horas de retraso.
El otro espaldero agresor no se quedó atrás en el espectáculo de prepotencia que escenificaron en la audiencia que tenía pretensión de ser conciliatoria. A la solicitud del magistrado de que se disculpara respondió: “no tengo que arrepentirme de nada”
Cuesta creer que tal exhibición de prepotencia y de abierto desafío a la justicia sea el producto de la ignorancia o la irracionalidad. Alguna garantía de impunidad, o la creencia de ella, es la única razón posible para un proceder tan altanero.
Si esos órganos de seguridad del Estado no aclaran su situación frente a estos personajes, entonces su credibilidad y autoridad quedará en franco y justificado cuestionamiento. En particular la Policía, la cual ya había sido mencionada por la abogada de los acusados como la institución donde uno de ello es “instructor”.
La historia ha demostrado que los pueblos no pueden permitir ni dejar pasar por alto ningún tipo de abuso ni de injusticia.
¿A cuantos habrán atropellado estos energúmenos de manera impune?
¿A cuantos más atropellarán si la justicia no funciona, si la sociedad se hace de la vista gorda o si algún poder oculto logra un nuevo suceso de impunidad?
Por suerte para todos que estos profesionales del abuso ahora encontraron un experimentado luchador por las libertades y los derechos, que sabe cuales son los suyos, sabe ejercerlos y defenderlos, y que no se va a dejar avasallar.
En especial los periodistas, expuestos constantemente a situaciones de este tipo, deben ver en este caso una probabilidad para cualquiera de ellos, y en el castigo ejemplar un acto preventivo para que no vuelva a ocurrir.
Pero no solo los periodistas, toda la sociedad debe cerrar filas, permanecer vigilante y no aceptar que prevalezca la impunidad, se imponga un acto de denegación de justicia y triunfe la prepotencia y el atropello.
Roberto Sánchez*
lunes, 15 de diciembre de 2008, 08:41 p.m.
Los órganos de Seguridad del Estado deben dar una explicación
Uno de los agresores del periodista Vianco Martínez anunció en plena audiencia celebrada el pasado 9 de diciembre que había hecho caso omiso a cuatro citaciones de la Fiscalía por su trabajo en la Seguridad del Estado.
Es decir, el personaje entiende que trabajar con la Seguridad del Estado le da el privilegio de no hacer caso a la ley y desdeñar la justicia.
El Sr. Rafael Emilio Vargas fue el espaldero de la infeliz ocurrencia que pone en entredicho a esos órganos de seguridad del Estado.
El pasado 23 de agosto los señores Rafael Emilio Vargas y Josué Vargas, actuando al servicio del empresario artístico Saymon Díaz, atropellaron en pleno Teatro Nacional y sacaron violentamente del centro de espectáculos al mencionado comunicador, mientras éste esperaba por una entrevista que le había prometido el cantautor Pedro Guerra.
Los espalderos no escucharon explicaciones, ni siquiera intentaron indagar con el artista. En un derroche de prepotencia la emprendieron contra el comunicador que realizaba su trabajo.
La prepotencia exhibida esa noche no fue un hecho aislado ya que ha vuelto a reiterarse en varias ocasiones en abierto desafío al ministerio público y a la ley.
Tres ayudantes fiscales han actuado en el caso en seguimiento a la querella interpuesta por el periodista contra los agresores, sin lograr que comparezcan a audiencia.
Cinco citaciones a audiencias y a todas habían hecho caso omiso, excepto a la última en la cual el magistrado fiscal, Carlos Manuel Hernández, de la Unidad de Decisión Temprana, al parecer hizo sentir su autoridad.
Aún en esa última el Sr. Rafael Vargas llegó con dos horas de retraso.
El otro espaldero agresor no se quedó atrás en el espectáculo de prepotencia que escenificaron en la audiencia que tenía pretensión de ser conciliatoria. A la solicitud del magistrado de que se disculpara respondió: “no tengo que arrepentirme de nada”
Cuesta creer que tal exhibición de prepotencia y de abierto desafío a la justicia sea el producto de la ignorancia o la irracionalidad. Alguna garantía de impunidad, o la creencia de ella, es la única razón posible para un proceder tan altanero.
Si esos órganos de seguridad del Estado no aclaran su situación frente a estos personajes, entonces su credibilidad y autoridad quedará en franco y justificado cuestionamiento. En particular la Policía, la cual ya había sido mencionada por la abogada de los acusados como la institución donde uno de ello es “instructor”.
La historia ha demostrado que los pueblos no pueden permitir ni dejar pasar por alto ningún tipo de abuso ni de injusticia.
¿A cuantos habrán atropellado estos energúmenos de manera impune?
¿A cuantos más atropellarán si la justicia no funciona, si la sociedad se hace de la vista gorda o si algún poder oculto logra un nuevo suceso de impunidad?
Por suerte para todos que estos profesionales del abuso ahora encontraron un experimentado luchador por las libertades y los derechos, que sabe cuales son los suyos, sabe ejercerlos y defenderlos, y que no se va a dejar avasallar.
En especial los periodistas, expuestos constantemente a situaciones de este tipo, deben ver en este caso una probabilidad para cualquiera de ellos, y en el castigo ejemplar un acto preventivo para que no vuelva a ocurrir.
Pero no solo los periodistas, toda la sociedad debe cerrar filas, permanecer vigilante y no aceptar que prevalezca la impunidad, se imponga un acto de denegación de justicia y triunfe la prepotencia y el atropello.
*Roberto Sánchez es ingeniero agrónomo
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